La realidad de las vistas de Portaciones de Armas en Puerto Rico

En el día de hoy deseo aclararles que no todo el que solicita el permiso de portación de arma cualificara para este a pesar de que la Segunda Enmienda de la Constitución de Estados Unidos nos concede el derecho a portar armas.

Las razones para no cualificar pueden ser debido a que el peticionario no ha radicado sus planillas en los últimos 5 años, a que tiene deudas en ASUME a que tiene record criminal u otro requisito impuesto por el Juez que ve el procedimiento.

Pero también existe otro requisito a cumplir para que el Fiscal no objete su petición y para que el Juez apruebe tu petición, el demostrar en sala que el peticionario teme por su seguridad.

Sobre esto, el Art. 2. 05 especifica que: La sala con competencia del Tribunal de Primera Instancia concederá, de no existir causa justificable para denegarlo, autorización al Superintendente para incluir en el carné del peticionario un permiso para portar, transportar y conducir, sin identificar arma en particular alguna, cualquier pistola o revólver legalmente poseído, previa notificación al Ministerio Público, y audiencia de éste así requerirlo, a toda persona poseedora de una licencia de armas que demostrare temer por su seguridad.

La palabra clave de este articulo y requisito es que el peticionario debe de DEMOSTRAR QUE TEME POR SU SEGURIDAD. Esto debería ser algo sumamente fácil a demostrar en Puerto Rico, pero la realidad es otra en algunos tribunales de Puerto Rico ya que en muchas salas el Juez no aprueba la petición si el cliente solo alego un temor general por su seguridad. Estas decisiones son contrarias a lo decidido Niddo Lanuasse, Ex Parte el cual explica que no es necesario fundamentar en detalles el porque se teme por la seguridad.

En Niddo Lanuasse, Ex Parte, 2011TA210 el Tribunal de Apelaciones de Guayama concluyo que no era necesario especificar los motivos exactos por el cual el peticionario tiene temor por su seguridad.

“Por consiguiente, nos parece que la frase, “temor por la seguridad”, que priva en la Ley de Armas de Puerto Rico no puede confligir con el derecho fundamental a poseer y portar armas que puede tener un ciudadano para legítimamente garantizar su defensa personal, la de su familia o propiedad. Tampoco puede representar una renuncia implícita de su derecho a favor del interés del Estado en regular la materia. Ese derecho no tiene que justificarse ahora con ningún “temor” en particular, dicho esto sin perjuicio de las regulaciones razonables que puede imponer el Estado en el comercio de las armas de fuego.”

No obstante, a pesar de la sentencia emitida por el Tribunal Apelativo en muchas salas de Puerto Rico el Juez exige que se explique detalladamente la razón por el cual el peticionario teme por su seguridad. Por esta razón, es sumamente importante que el abogado realice una exhaustiva entrevista inicial para asegurarse de presentar un argumento persuasivo ante el Juez y conseguir una resolución a favor del peticionario.

Entendemos que esta controversia llegara tarde o temprano al Tribunal Supremo. Cuando eso pase, se le facilitara un poco el proceso al ciudadanos honesto que pretende proteger su persona, su familia y su propiedad.

Atentamente,

Lcdo. Juan Carlos Manzano

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